XPANSIÓN 2 de febrero de 2012
02.02.2012Miguel Ángel Patiño
Del laberinto de las Comunidades Autónomas al caos eólico
La moratoria a las renovables impuesta por el Gobierno de España, para intentar frenar el déficit de tarifa eléctrico que soportan empresas como Endesa, Iberdrola y Gas Natural Fenosa, pone de manifiesto la falta de unidad del mercado energético nacional por las competencias autonómicas.
Uno de los grandes problemas que se crean con el parón de las renovables decretado por el Gobierno el pasado viernes es qué hacer con los concursos autonómicos. En los últimos años, las comunidades autónomas han ido adjudicando concursos para dar licencias, en cada región, a multitud de proyectos eólicos.
En total, han adjudicado proyectos que suman más de 9.000 megavatios, casi la mitad de los que hay instalados en la actualidad en España. Ahora, esos proyectos no van a poder tener la licencia estatal (que también la necesitan) hasta que no se levante la moratoria impuesta por el Ministerio de Industria. Se quedan así en el limbo.
El problema, al margen del trastorno que supone en las tramitaciones, pone de relieve el caos existente en España por la multitud de regulaciones que tienen que convivir: una estatal y otras 17 distintas según la comunidad.
El problema, al margen del trastorno que supone en las tramitaciones, pone de relieve el caos existente en España por la multitud de regulaciones que tienen que convivir: una estatal y otras 17 distintas según la comunidad.
¿De verdad es solo un problema de planificación energética? ¿No será más un problema de falta de unidad de mercado por el laberinto autonómico? Esta falta de unidad se produce en multitud de frentes, no solo el de las renovables. Para poner una gasolinera, por ejemplo, hay que cumplir una serie de especificaciones si se está en una comunidad, y otras distintas si se va a instalar en otra. Por no decir, que el litro de gasolina cuesta distinto en cada comunidad dependiendo de la fiscalidad que aplique una y otra.
¿Qué hay de lo mío?
Cada comunidad, en mayor o menor medida, ha salido a la palestra en los últimos días al grito de “qué hay de lo mío” respecto a las renovables. Unas critican abiertamente la moratoria renovable impuesta por el Gobierno central. Otras, proponen alternativas, pero siempre barriendo para casa, sin importarles la premisa de que la energía debe planificarse globalmente, y no de forma personalizada para cada región. En algunos casos, se están pidiendo trajes a medida. Algunas propuestas son, cuando menos, curiosas, como por ejemplo pedir una moratoria de la moratoria para esa región.
La Xunta de Galicia ha propuesto al Gobierno central dos alternativas para mantener la viabilidad de los parques eólicos adjudicados en esa comunidad. El conselleiro de Economía, Javier Guerra, ha explicado que las propuestas fueron incorporadas a una carta que se ha enviado esta semana al ministro de Industria, José Manuel Soria.
La primera alternativa que plantea la Xunta es la de establecer un régimen específico para los parques con más de 2.500 horas de funcionamiento al año, de forma que recibiesen el 70 % de la subvención los inscritos en 2012 y el 50 % las de 2013. Como segunda alternativa, el Gobierno gallego propone que los parques afectados por el Real Decreto del viernes perciban el precio de mercado estimado hasta 2020.
Moratoria de la moratoria
Por su parte, el portavoz del PP en el Parlamento de Extremadura, Luis Alfonso Hernández Carrón, ha anunciado que el presidente del Gobierno de Extremadura, José Antonio Monago, pedirá al ministro de Industria, José Manuel Soria, una "moratoria" en la región de la suspensión de primas de las energías renovables.
Monago va a sopesar la posibilidad de que las primas de las energías renovables "se mantengan" en el caso de Extremadura y así la comunidad tenga "algún tipo de moratoria o excepcionalidad" que a la región "le permita tener algún tipo de aliento".
Mientras tanto, la Junta de Andalucía, a través del consejero de Economía, Innovación y Ciencia, Antonio Ávila, ha mostrado su "total rechazo" a la moratoria decretada por Industria, al considerar que la comunidad andaluza puede ser la región "más perjudicada" en términos socio-económicos dada la apuesta que ha realizado en este sector.
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